ANTE LA AMNISTIA Y LOS PACTOS DE INVESTIDURA

Más de ciento cincuenta ex diputados y ex senadores han firmado, hasta este momento, el manifiesto ANTE LA AMNISTÍA Y LOS PACTOS DE INVESTIDURA, en el que expresan su “honda preocupación y gran consternación” por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de la ley de amnistía. Afirman que “suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de la convivencia”.

Entre los firmantes figuran cuatro Presidentes de ambas Cámaras (Jesús Posada, Federico Trillo, Javier Rojo y Esperanza Aguirre), dieciocho ministros de distintos gobiernos de la democracia y parlamentarios pertenecientes a Unión de Centro Democrático, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Centro Democrático y Social, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos.

Quienes firmamos esta Declaración hemos tenido la honra de representar al pueblo español en las Cortes Generales a lo largo de las sucesivas legislaturas desde la legislatura constituyente.

En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia, especialmente:

• La flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley, al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma.

• La quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de lawfare , con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha.

• El grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales, el órgano de la soberanía nacional que representa al pueblo español en su conjunto, al establecer que los acuerdos “responderán a las demandas mayoritarias” de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone una mutación constitucional de hondo calado.

• El establecimiento de privilegios de índole económica y financiera hacia determinadas Comunidades Autónomas, que vulneran el principio de solidaridad consagrado en el artículo segundo de la Constitución y que van a incrementar las desigualdades territoriales existentes.

• La seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social, que es un pilar básico de nuestro Estado social de Derecho.

• El cuestionamiento de que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la “nación española” es la única “nación política” que admite nuestra Constitución.

• La aceptación de un “relato” sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores.

Con gran alarma, queremos advertir que nuestra democracia constitucional se encuentra ante serios desafíos y peligros. Solamente con plena lealtad al imperio de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del “espíritu de la Transición”, han marcado el camino de los últimos cuarenta y cinco años y nos han llevado a las más altas cotas de prosperidad y convivencia, podremos los españoles superar esta situación incierta.

Exhortamos a una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las Comunidades Autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo.

Noviembre 2023